Elevan a juicio oral causa contra Fernández y sus hijos

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Un juez elevó ayer a juicio oral una causa contra la expresidenta de Argentina Cristina Fernández (2007-2015) y sus hijos por presunto lavado de activos y asociación ilícita, por las operaciones que una de sus empresas realizó con adjudicatarios de obra pública durante su Gobierno.

Según informaron fuentes judiciales, el magistrado federal Julián Ercolini dispuso, aún sin fecha, que se abra la vista oral del conocido como “caso Hotesur”, en el que están procesados desde mayo de 2018, entre otros, la actual senadora y Máximo y Florencia Kirchner, hijos que tuvo con el también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), fallecido en 2010.

Esta será la cuarta de las seis causas en las que está procesada la exmandataria -la mayoría por presunta corrupción- que se elevan a juicio, aunque no será hasta el 21 de mayo cuando comience el primero de ellos, también por presuntas irregularidades durante su mandato en la concesión de obras al ya detenido constructor Lázaro Báez.

En el “caso Hotesur” se investiga si la familia Kirchner cobró, a través del alquiler a empresarios como Báez de propiedades de la sociedad Hotesur, retornos económicos de los sobrecostes de las obras adjudicadas.

Otros procesados

Entre los procesados están también el excontable de la familia Kirchner, Víctor Manzanares; la sobrina de la expresidenta, Romina Mercado, y el empresario Baez, cercano al kirchnerismo y ya en prisión por otras causas desde 2016.

Ya en diciembre pasado los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron que los imputados sean sometidos también a juicio oral.

INVESTIGACIONES DATAN DE 2014

El caso, iniciado en noviembre de 2014 por una denuncia de la entonces diputada opositora Margarita Stolbizer, se centra en las actividades de la empresa Hotesur, que según el juez no contaba “con capacidad económica ni experiencia en el rubro”, y cuya finalidad era otorgarle a los pagos de empresarios favorecidos con contrataciones de obra pública “apariencia de legítimos”.

La compañía hotelera fue intervenida por la justicia el pasado marzo.

En noviembre de 2017, Fernández declaró por esta causa, negó las acusaciones y afirmó que la actividad de la firma familiar había sido legal.

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